Hasta qué punto puede Milei utilizar la perspectiva de una votación para aprobar su mega decreto? Los constitucionalistas están advirtiendo sobre los límites a la autoridad ejecutiva mientras el presidente argentino pone a prueba la oposición del Congreso.
Sorprendentemente, es un megadecreto que permite la privatización de empresas públicas, sienta las bases para una importante desregulación económica y deroga medidas y regulaciones aprobadas por el legislativo. En una entrevista, el presidente argentino simplemente dijo "obviamente", cuando se le preguntó si podría convocar una consulta pública en caso de que el DNU fuera rechazado.
Los constitucionalistas que han hablado sobre el tema recientemente advierten que no es tan fácil. Incluso si el presidente convoca a un plebiscito, Milei no tiene la autoridad para hacer que los resultados sean legalmente vinculantes. La autoridad para convocar una consulta pública legalmente aplicable recae únicamente en el Congreso. Además, algunas personas creen que es ilegal, ya que el propio DNU va a abolir más de 300 leyes que el Congreso ya ha aprobado. Él fue el objetivo de procedimientos legales iniciados por el partido União Popular y el Observatorio de la Asociación Civil del Derecho a la Ciudad.
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, tomó medidas preventivas al solicitar al tribunal la anulación del DNU por violar la separación de poderes.
El principio básico de la separación de poderes es el siguiente: las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo, que luego es administrado por el Poder Ejecutivo. Los casos se resuelven finalmente por el Poder Judicial. Según Domínguez, todo está regido por la Constitución y los tratados de derechos humanos.
Milei no muestra ninguna emoción ante sus detractores y afirma categóricamente que no se rendirá si el Congreso o el Poder Judicial intentan frustrar sus planes. El presidente saca de su sombrero el porcentaje de apoyo del 75% para su mega decreto, mientras trata la economía argentina como a una persona gravemente enferma. Quería saber por qué el Congreso estaba en contra de una medida que beneficiaría al pueblo.
Habrá más manifestaciones en contra del nuevo gobierno el miércoles (27), convocadas por la Confederación General del Trabajo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continuó con el protocolo represivo de la semana pasada, diciendo que los manifestantes deben permanecer en las aceras y que aquellos que bloqueen las calles no serán elegibles para recibir subsidios sociales.